Hay cosas de tanto sentido común que a uno le cuesta entender que no se digan más veces, más altas y más claras. Esa es la sensación que he tenido siempre respecto a uno de los elementos a mi juicio más necesarios para una política económica de izquierdas: la banca pública.
Ni soy un especialista en la materia ni mi memoria histórica alcanza a los tiempos previos a las privatizaciones del conglomerado empresarial -industrial y financiero- del estado español. Sin embargo, siempre me ha llamado la atención la ausencia de una reivindicación potente de instrumentos públicos de crédito. Han sido mucho más frecuentes las críticas a las privatizaciones de los monopolios estatales del transporte, correos, telefonía, siderurgia o construcción naval, por ejemplo. Por supuesto, comparto dichos planteamientos por las múltiples consideraciones que los motivan: la preservación de un sector económico al margen de la lógica del beneficio privado, la defensa del empleo estable y con derechos, la universalidad y equidad del servicio público, la seguridad de las personas, etc. Pero mucho más acuciante me ha parecido siempre el problema de la banca.
En primer lugar, por su importancia. El acceso al crédito se ha convertido en estos tiempos en condición casi indispensable para hacer efectivo un derecho constitucional tan básico como el acceso a la vivienda. Una persona puede vivir sin viajar o sin móvil, pero no sin una casa digna de tal nombre. Y, por irracional que pueda parecernos, la mayoría de trabajadores y trabajadoras sigue optando por la propiedad inmobiliaria a través del endeudamiento hipotecario ¡en qué condiciones y a qué precios! Hay que reconocer también la importancia de la financiación bancaria para la puesta en marcha de pequeñas y medianas empresas, incluidas las de iniciativa social.
En segundo término, por las consecuencias de discriminación y exclusión que la lógica del mercado impone en el sistema financiero. En otros sectores privatizados y liberalizados, el papel del Estado como instancia de control y regulación, aunque no nos satisfaga, puede procurar unos mínimos aceptables para la mayoría social. Al final, con mayor o menor dificultad, el currante se las apaña para pagar el recibo de la luz y del teléfono. Pero no sucede lo mismo con las hipotecas, como se está comprobando estos días en mi pueblo.
Y no es sólo que los bancos den muchas veces con la puerta en las narices a las personas de menores y más inseguros ingresos -precisamente las que más ayuda financiera necesitan-, sino que siguen estrictamente una regla de regresividad directa: a mayor solvencia, mejor trato. Así, si tienes mucha pasta o un buen empleo fijo puedes negociar un tipo de interés preferencial, por el contrario, si eres pobre y precario -y no digamos inmigrante- ¡chúpate el euribor +1'25%!
Hasta ahora hablar de banca pública les sonaba a muchos "decimonónico". Ni siquiera los programas de IU eran muy explícitos a ese respecto. En la época de los tipos de interés bajos, parecía haber barra libre crediticia para todos -aunque no para todos por igual-. Con la crisis esto empieza a cambiar. En pocos días han vuelto a plantear la banca pública -no para los bancos sino para sus víctimas- desde Gaspar Llamazares al economista Juan Torres, pasando por mi compañero Miguel Ángel Martín.
Veo que no estoy solo en el deseo. Tengo compañeros con quienes reivindicar una banca pública con criterios sociales y no empresariales. Ahora necesito algún maestro que me saque de la ignorancia sobre lo más importante: cómo hacerlo y que funcione.
Ni soy un especialista en la materia ni mi memoria histórica alcanza a los tiempos previos a las privatizaciones del conglomerado empresarial -industrial y financiero- del estado español. Sin embargo, siempre me ha llamado la atención la ausencia de una reivindicación potente de instrumentos públicos de crédito. Han sido mucho más frecuentes las críticas a las privatizaciones de los monopolios estatales del transporte, correos, telefonía, siderurgia o construcción naval, por ejemplo. Por supuesto, comparto dichos planteamientos por las múltiples consideraciones que los motivan: la preservación de un sector económico al margen de la lógica del beneficio privado, la defensa del empleo estable y con derechos, la universalidad y equidad del servicio público, la seguridad de las personas, etc. Pero mucho más acuciante me ha parecido siempre el problema de la banca.
En primer lugar, por su importancia. El acceso al crédito se ha convertido en estos tiempos en condición casi indispensable para hacer efectivo un derecho constitucional tan básico como el acceso a la vivienda. Una persona puede vivir sin viajar o sin móvil, pero no sin una casa digna de tal nombre. Y, por irracional que pueda parecernos, la mayoría de trabajadores y trabajadoras sigue optando por la propiedad inmobiliaria a través del endeudamiento hipotecario ¡en qué condiciones y a qué precios! Hay que reconocer también la importancia de la financiación bancaria para la puesta en marcha de pequeñas y medianas empresas, incluidas las de iniciativa social.
En segundo término, por las consecuencias de discriminación y exclusión que la lógica del mercado impone en el sistema financiero. En otros sectores privatizados y liberalizados, el papel del Estado como instancia de control y regulación, aunque no nos satisfaga, puede procurar unos mínimos aceptables para la mayoría social. Al final, con mayor o menor dificultad, el currante se las apaña para pagar el recibo de la luz y del teléfono. Pero no sucede lo mismo con las hipotecas, como se está comprobando estos días en mi pueblo.
Y no es sólo que los bancos den muchas veces con la puerta en las narices a las personas de menores y más inseguros ingresos -precisamente las que más ayuda financiera necesitan-, sino que siguen estrictamente una regla de regresividad directa: a mayor solvencia, mejor trato. Así, si tienes mucha pasta o un buen empleo fijo puedes negociar un tipo de interés preferencial, por el contrario, si eres pobre y precario -y no digamos inmigrante- ¡chúpate el euribor +1'25%!
Hasta ahora hablar de banca pública les sonaba a muchos "decimonónico". Ni siquiera los programas de IU eran muy explícitos a ese respecto. En la época de los tipos de interés bajos, parecía haber barra libre crediticia para todos -aunque no para todos por igual-. Con la crisis esto empieza a cambiar. En pocos días han vuelto a plantear la banca pública -no para los bancos sino para sus víctimas- desde Gaspar Llamazares al economista Juan Torres, pasando por mi compañero Miguel Ángel Martín.
Veo que no estoy solo en el deseo. Tengo compañeros con quienes reivindicar una banca pública con criterios sociales y no empresariales. Ahora necesito algún maestro que me saque de la ignorancia sobre lo más importante: cómo hacerlo y que funcione.
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