Radares contra pateras

Es lamentable el trasfondo racista y xenófobo que tiene la polémica en que se enzarzaron días pasados el Consell de Camps y el Gobierno central de Zapatero, a través del conseller Castellano y el delegado Peralta respectivamente, a propósito de la instalación en la costa valenciana de radares del Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE).

Lo significativo de la polémica no es si los radares se instalarán antes o después, sino la demagogia e irresponsabilidad que supone venderlos a la opinión pública como una garantía “contra las pateras". Estos radares se utilizarán para lo que se considere conveniente, pero en principio pueden y deben servir, por ejemplo, para evitar el desembarco de alijos de drogas en nuestras costas -más numerosos que los de inmigrantes en pateras-, o para localizar embarcaciones con dificultades, como las que han causado terribles dramas humanos en esas pateras.

Tanto el Consell como el Gobierno saben que la inmigración “irregular” llega fundamentalmente por los aeropuertos y los pasos fronterizos terrestres, siendo porcentualmente irrelevantes –mucho más en el País Valenciano- los desembarcos de aquellas personas desesperadas que se juegan la vida en el mar. Por ello resultan demagógicas este tipo de declaraciones –ha hablado de “detección de pateras” hasta el responsable de Justicia y Libertades Públicas del PP (¡!)- que sólo sirven para fomentar una visión xenófoba y racista hacia las personas que llegan como náufragos a nuestras costas, muriendo tantas veces en el intento.

Eso sí, la polémica sobre los radares y las pateras es reveladora de la cada vez mayor coincidencia del PP y del PSOE en política de inmigración –mejor dicho, de represión de la inmigración-, que se manifiesta tanto en las grandes decisiones como en las pequeñas acciones.

Si para muchos ya supuso todo un estremecimiento que un gobierno “socialista” elevara y electrificara las vallas de Ceuta y Melilla donde se quedan jirones de vidas desesperadas, y dejara abandonados a su suerte a cientos de expulsados en el desierto saharaui, la aprobación en el Parlamento Europeo de la Directiva “de la vergüenza” ha dejado en evidencia al PSOE y al gobierno de Zapatero ante gobiernos extranjeros y votantes progresistas. Por mucho que la vicepresidenta De la Vega haga el ridículo afirmando que “la Directiva no se aplicará nunca en España” -¿acaso van a gobernar siempre ella y su partido?- son muchos los que ya han tomado nota.

Esta política represiva se palpa día a día en el aumento de órdenes de expulsión y en el acoso policial generalizado hacia los inmigrantes, con actuaciones arbitrarias de controles de documentación, recogida de pasaportes y arrestos. Así se entiende que la Jefatura Superior de Policía de Valencia imponga a las comisarías un mínimo de detenciones al mes.

Vivimos tiempos difíciles –todavía más- para las personas que han llegado aquí huyendo de la miseria y la inseguridad en sus países de origen. Son criminalizadas por ello y sus derechos humanos quedan convertidos en papel mojado por nuevas leyes que hacen cada vez más irreconocible el Estado de derecho. Pero no es esto lo que parece preocupar al delegado del Gobierno, sino exhibir músculo y demostrar que el PSOE en el gobierno puede hacer la misma demagogia xenófoba que el PP en la Generalitat.

Antonio Arnau, Ignacio Blanco

Miembros de la Comisión Permanente de Esquerra Unida del País Valencià.